La Reforma a la Ley de Amparo: Un Silencio Impuesto a la Justicia Colectiva

El juicio de amparo ha sido, históricamente, el escudo del ciudadano frente a los abusos del poder en México. Sin embargo, las recientes reformas a la Ley de Amparo, específicamente en materia de suspensión del acto reclamado, no representan una modernización procesal, sino un mecanismo regresivo que debilita el contrapeso judicial y deja a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad alarmante. La reforma, que busca impedir que los jueces otorguen suspensiones con efectos generales contra normas y obras públicas, se vende bajo la narrativa de "respetar la división de poderes" y evitar el "gobierno de los jueces". No obstante, bajo la lupa jurídica, esta modificación es un retorno al siglo XIX, reviviendo de manera dogmática la Fórmula Otero (que protege solo a quien se ampara), ignorando por completo la evolución de los derechos humanos y la reforma constitucional de 2011. El punto más crítico es la prohibición de los efectos generales en la suspensión. Al limitar la protección exclusivamente a quien promueve el juicio, se crea una brecha de desigualdad abismal. Imaginemos una ley que permita verter residuos tóxicos en un río o una obra pública que devaste una reserva natural. Con esta reforma, si un ciudadano logra una suspensión, la obra solo se detendría "para él", lo cual es materialmente imposible y jurídicamente absurdo en casos de derechos difusos o colectivos. Al eliminar la posibilidad de detener una norma general que es evidentemente inconstitucional para todos, se obliga a cada ciudadano a litigar individualmente. Esto privatiza la justicia: solo aquellos con recursos económicos para pagar abogados podrán defenderse de una ley abusiva, mientras que el grueso de la población sufrirá las consecuencias de normas inconstitucionales hasta que se resuelva el juicio de fondo, lo cual puede tardar años. Para entonces, el daño podría ser irreparable. Esta reforma parte de una premisa falsa: asume que la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso debe estar por encima del peligro inminente de violación a los derechos humanos. Esto es un error. Cuando un juez suspende una ley con efectos generales, no está legislando; está activando un freno de emergencia para evitar que una mayoría legislativa atropelle los derechos de las minorías o el interés superior de la nación. En conclusión, esta reforma a la Ley de Amparo vulnera más de lo que protege. Desarma a la ciudadanía ante el Estado y convierte al amparo en un remedio elitista e ineficaz para las grandes causas sociales. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, esta medida pavimenta el camino hacia un autoritarismo legalizado donde el poder público puede actuar sin frenos inmediatos, dejando la defensa de los derechos humanos como una mera aspiración teórica, inalcanzable en la práctica.